El Gobierno sigue empeñado en introducir elementos artificiales en la economía española, que distorsionan su funcionamiento, mediante un creciente intervencionismo que paraliza la actividad y el empleo y que, por tanto, es contraproducente para la economía. Llevamos unos años en los que, dentro de ese intervencionismo, el Gobierno se ha empeñado en querer imponer precios máximos en alquileres o prolongar la paralización de desahucios y cortes de suministros en el marco de la pandemia, por poner sólo unos ejemplos.

De hecho, ha sido bajo la excusa de la pandemia cuando más se han recrudecido los intentos gubernamentales por controlar la economía en todo lo que puedan, especialmente la parte podemita del Ejecutivo. Así, ya en aquel Consejo de Ministros extraordinario del 14 de marzo de 2020, según distintas informaciones periodísticas, Podemos pidió que se nacionalizasen las empresas eléctricas y los medios de comunicación, con insistencia posterior de Iglesias en que toda la riqueza general del país se pusiese al servicio de interés general, como marca el artículo 128 de la Constitución, cosa que nadie discute y que ya se hizo, pero que él parecía emplear para abonar el camino de las nacionalizaciones, cuando no había motivo para ello. Posteriormente, la ministra de Trabajo dijo en rueda de prensa de Consejo de Ministros que “este Gobierno está para defender los intereses de los más débiles”. Se equivoca: su obligación es defender a todos, lo cual implica respetar el libre mercado, sin intervencionismos propios de sistemas colectivistas como lo fue el de la Unión Soviética. Ahora, la actual vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo vuelve a la carga en este mismo sentido: lleva una semana de declaraciones en el Congreso especialmente preocupantes para la economía de mercado, que lo único que hacen es restar credibilidad a la economía española.

Para empezar, quiere limitar el beneficio de las compañías eléctricas, cuando no es el verdadero problema del coste energético, sino la absurda y fracasada política energética que impulsa el Gobierno, del que ella forma parte, al eliminar fuentes de energía sin contar con alternativas, baratas, limpias y eficientes, y negándose a emplear la energía nuclear, que reúne esas tres positivas características. Esa limitación, en los llamados “beneficios caídos del cielo”, no es la primera vez que lo intenta este Gobierno, y ya tuvo que dar marcha atrás en su propósito porque las eléctricas amenazaron con adelantar el parón nuclear previsto, cosa que sería catastrófica para la economía española. Díaz ahora insiste en ello con el planteamiento de un nuevo impuesto a las compañías eléctricas.

Ahora, de nuevo, y tras ser el propio presidente el que dijo que había que hacer esfuerzos conjuntos, la parte más extrema del Gobierno quiere que se limiten los beneficios de las empresas del Ibex, así como el reparto de dividendos, en una auténtica intromisión sobre una decisión que corresponde a sus propietarios, representados a través de los correspondientes órganos de gobierno de las compañías, según marca la ley de sociedades anónimas.

Como siempre, la izquierda quiere recorrer lo que considera que es el camino más corto para tratar de solucionar el problema, pero no sólo no es el más corto, sino que genera problemas adicionales al ya existente. Así, si el Gobierno sigue las tesis de Díaz e interviene en los beneficios de las empresas, ¿quién va a querer invertir en España? ¿Quién va a arriesgar su patrimonio para establecer una empresa o una industria y generar, con ello, actividad económica y puestos de trabajo? ¿Quién va a querer acercarse a nuestro país para invertir o qué nacional va a querer emprender un proyecto empresarial? Nadie, porque serán disuadidos por un intervencionismo atroz, que actuará como auténtica barrera de entrada.

El qué y el dónde

El anuncio de ese intervencionismo no se produce, además, en un mitin, en una reunión política de partido, que tampoco es que fuese tranquilizante, pero que puede perder fuerza por el contexto. No, se produce en el Congreso de los Diputados, en Las Cortes, la sede de la soberanía nacional, por parte de una vicepresidenta del Gobierno, hecho que hace que el mensaje sea más preocupante.

Desde luego, si lo que pretende Díaz es ahuyentar las inversiones, sus declaraciones y afirmaciones son las más apropiadas para ello, pero se supone que el Gobierno debe estar para tratar de crear un terreno económico en el que se genere prosperidad, no pobreza; que atraiga inversiones, no que las expulse; que permita crear puestos de trabajo, no que los ponga en peligro. Las manifestaciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno hacen un flaco favor a la economía española y a su mercado laboral. Hablar de limitar beneficios, intervenir mercados, imponer impuestos extraordinarios a distintos sectores, no es un lenguaje propio de una economía desarrollada y seria como es la española, miembro de la UE, sino más bien de sistemas totalitarios comunistas, en los que no se respeta absolutamente nada, donde las normas se convierten en papel mojado. España no es así y ningún miembro del Gobierno debería deslizarse por esa peligrosa senda, que sólo conduce al abismo económico. España necesita un marco jurídico sólido, que sea respetado, que no se ponga nunca en duda, que esté libre del peligro de ocurrencias intervencionistas amenazantes sobre la propiedad privada, sobre la capacidad de los agentes económicos para tomar sus decisiones. El camino no es el intervencionismo, sino que el Gobierno empiece a aplicar una política económica seria, ortodoxa, donde se comience a elaborar un presupuesto de base cero, replanteándose todos los gastos, para centrarse en los esenciales y poder eliminar el resto; donde se busque el bajar los impuestos para incrementar la renta disponible de los agentes económicos y que puedan generar, así, más actividad económica; donde se vuelva a la senda de la estabilidad presupuestaria y se reduzca la deuda; y donde una empresa pueda decidir qué hacer con su actividad, con sus inversiones y con sus beneficios. En definitiva, se trata de garantizar y de transmitir seguridad jurídica y de aplicar una política económica ortodoxa.

Jose María Rotellar

Periódico Expansión

18/03/2022

Fuente: https://www.expansion.com/opinion/2022/03/18/6233d2b9468aeb41258b464e.html